Los nombres nos identifican pero no nos definen. Lo que nos define es nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestros actos. Y así, el mismo nombre, Beatriz, puede no significar nada o decirlo todo. Beatriz puede ser el nombre de una joven humilde o de una diputada segoviana del Partido Popular y todo parecido entre ambas será pura coincidencia.
Si eres Beatriz, la joven humilde, puede que estés embarazada de 20 semanas y que el hijo que esperas padezca anencefalia, es decir, que carezca de una parte del cerebro, haciendo que su posibilidad de supervivencia tras el parto sea prácticamente nula. Puede que, además, los médicos te hayan diagnosticado lupus eritematoso discorde y una grave insuficiencia renal, advirtiéndote que, de llevar a término tu embarazo, tu vida corre grave peligro. Para redondear, puede que hayas nacido en El Salvador, donde el aborto está prohibido de forma absoluta y penado con hasta 50 años de cárcel.
Si, por el contrario, eres Beatriz, la diputada del Partido Popular, puedes subir a la tribuna del Congreso y defender que rompamos el consenso alcanzado con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo del año 2010 y retrocedamos más de 30 años en los derechos de las mujeres. Puedes mentir y faltar al respeto afirmando que las mujeres que abortan lo hacen porque son poco menos que analfabetas. Puedes justificar que un Ministro del Interior compare el aborto con el terrorismo y frivolizar hablando de los embriones de los cefalópodos.
Por motivos obvios, yo nunca tendré que tomar la terrible decisión de tener que abortar y respeto profundamente a quienes nunca abortarían por razones morales o religiosas. Pero con la moral no se puede gobernar ni, mucho menos, legislar. La moral no puede ser impuesta por un Gobierno a toda la sociedad. No podemos consentir que se impongan los dogmas de fe en una sociedad democrática porque estaríamos volviendo, ya no a los años 80 sino a los gobiernos teocráticos de hace siglos. Ninguna legislación, tampoco la actual, obliga a ninguna mujer a abortar y, al contrario, tampoco debería establecer, de forma absoluta, que nadie pueda hacerlo. La decisión de interrumpir un embarazo es un derecho de la mujer no un concesión que un Ministro hace en determinados supuestos porque a la mujer hay que tutelarla dado que su principal fin en la vida, palabra de Gallardón, es ser madre.
