Sanidad privada, desastre público

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El PSOE de Burgos ha pedido hoy una Comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León sobre el proceso de construcción y equipamiento del nuevo hospital de Burgos. Se trata de un grave atentado a la sanidad pública en el que, además, se ha producido un serie de irregularidades intolerables. No se trata de la crisis económica sino de una decisión ideológica puesto que la decisión se tomó allá por el año 2005 pero con ella el PP firmó una hipoteca en nombre de los burgaleses que pagaremos durante décadas.

Hace siete años, el Presidente de Castilla y León anunció a bombo y platillo que Burgos tendría, por fin, un nuevo hospital pero que iba a utilizar el sistema de concesión privada. Usó entonces todos los argumentos de los neocon. Lo privado gestiona mejor que lo público, la construcción sería más rápida y más barata y, además, el presupuesto de la Junta no podía asumir la inversión que suponía un nuevo hospital público.

Hoy, tenemos un nuevo hospital que gestiona un grupo de empresas privadas. Ha costado, que sepamos, 485 millones de euros frente a los 232 presupuestados y se inauguró con dos años y medio de retraso de un modo absolutamente caótico. Apenas semanas después ya se estaban haciendo nuevas obras en quirófanos, el helipuerto no tenía licencia y los autobuses urbanos no podían entrar al recinto. Cosas que pasan.

Y encima, durante este tiempo, el PP ha mentido de forma reiterada en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación negando un sobrecoste que luego quedaba al descubierto en las cuentas que depositaban las empresas concesionarias en el Registro Mercantil. Los documentos prueban que las empresas iban gastando centenares de millones sin autorización previa de la administración pública que, eso sí, luego ha consentido y pagado religiosamente. Lo último es que la Junta hace de intermediaria con el Banco Europeo de Inversiones, que no puede financiar a entidades privadas, con el fin de que le concedan 100 millones de euros que luego dará a los concesionarios para que paguen lo que, según el contrato, ellos adelantaban. Negocio redondo.

Esta desastrosa gestión y la sangría económica ha provocado que el canon que pagamos cada año con los impuestos de todos los ciudadanos ha pasado de los 30 millones que figuraban en el contrato a 71 en el primer año. A este ritmo, hubiéramos pagado un hospital íntegramente público en apenas tres años y medio. Y claro, así no hay dinero para nada más. Por ejemplo, la Junta ha cerrado de forma imprevista y precipitada el otro hospital que teníamos, el Divino Valles, con lo que Burgos tendrá menos camas que antes de construir el nuevo hospital y dejan en la calle a decenas de trabajadores. También eliminan las guardias médicas en los municipios del mundo rural, quitan personal médico, aumentan las listas de espera y han paralizado todas las inversiones para nuevas infraestructuras sanitarias en toda la provincia.

A nosotros no nos pueden cesar como han hecho con el jefe del área de medicina interna por alertar sobre los problemas en la gestión y la atención sanitaria que se están produciendo. Vamos a obligarles a dar la cara ante los ciudadanos porque éstos merecen saber por qué les recortan su sanidad, su educación o la atención a la dependencia mientras sí encuentran dinero para que cuatro empresas hagan negocio con la sanidad de todos.